Los archivos como garantes de los derechos de los ciudadanos
El Congreso del ICA celebrado el pasado mes de octubre de 2025 en Barcelona, con el título de «Conociendo pasados, creando futuros», forzosamente debía tener como hilo conductor, aunque no siempre fuera evidente, la función de los archivos como garantes de los derechos de los ciudadanos.
Ya sea en el ámbito de la transparencia y el gobierno abierto, en el ámbito del acceso y la privacidad, en el ámbito de la construcción de la memoria individual y colectiva y en un contexto de digitalización y uso de nuevas tecnologías y de datos abiertos y masivos, los archivos garantizan los derechos de los ciudadanos.
Presentamos dos casos, algo alejados de los debates centrales, sobre la función de los archivos como garantes de derechos.
El acceso a los archivos como antídoto frente a los abusos empresariales
Este era el título de la presentación de la archivera Blanca Bazaco Palacios, que partía de una afirmación que, por obvia, no deja de ser impactante: también las empresas privadas, no solo los Estados, son protagonistas de violaciones de derechos humanos. El acceso a los archivos de las empresas es, por tanto, esencial para documentar estas violaciones.
En el año 2011 la ONU aprobó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, también conocidos como Principios de Ruggie, con la intención de condicionar la actividad de las empresas a escala mundial bajo los principios de:
- Proteger los derechos humanos, como obligación de los Estados.
- Respetar los derechos humanos, como responsabilidad de las empresas.
- Reparar los daños causados por las violaciones de los derechos, por parte de los Estados y las empresas, a través de mecanismos eficaces y accesibles.
En todo este contexto es clave la perspectiva y la función de los archivos para esclarecer la verdad, impartir justicia, reparar a las víctimas, garantizar la no repetición y afirmar los derechos a saber y el derecho a la verdad.
De acuerdo con los Principios de Ruggie, los Estados, que deben implementar la normativa a través de planes de acción nacionales, han de garantizar que los documentos se integren en el sistema de archivos públicos. Las empresas, por su parte, deben asegurar el correcto tratamiento de su documentación, garantizando su conservación y el acceso a la misma. Finalmente, debe facilitarse la existencia de sistemas de archivos de ONG, sindicatos u otros elementos de la sociedad civil, que canalizan y documentan las violaciones empresariales de los derechos humanos.
Como conclusión, la archivera Blanca Bazaco defendió que es necesario un equilibrio entre los derechos de los agentes privados y el derecho de acceso a la documentación.
El derecho a saber frente al derecho al olvido: los archivos europeos ante el Reglamento General de Protección de Datos
El archivero Antonio González Quintana reflexionó en su ponencia sobre la contraposición entre el derecho a saber y el derecho al olvido, partiendo de la base de que no son derechos incompatibles.
El derecho al olvido está recogido en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679, en vigor desde 2018, pero un mal uso en la aplicación de este derecho podría llevar a los archivos a tener que eliminar datos o documentos. Por ello, afortunadamente a juicio de González Quintana, en el mismo artículo 17 también se recoge la excepción archivística.
Gracias a la movilización y la cooperación de los profesionales de la archivística se logró que, en los casos con fines de archivo en interés público, de investigación científica o histórica y de fines estadísticos, prevaleciera el derecho a la información y al interés público.
En la gestión de estos derechos, los archiveros tutelan permanentemente los datos, garantizando su memoria y gestionando el acceso a los mismos, pero siendo también muy conscientes de los retos que supone garantizar la privacidad de las personas en la sociedad actual, marcada por las nuevas tecnologías y los datos masivos.
Como ocurre en muchas ocasiones, se trata de encontrar un equilibrio entre distintos derechos, haciendo valer el derecho a saber y el derecho a la verdad, protegiendo adecuadamente la privacidad de los ciudadanos y haciendo efectivo, de este modo, un ponderado derecho al olvido.
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